El 22 de abril de 1997 se presentó en la Ciudad de México un proyecto de iniciativa de Ley Federal de Comunicación por los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución democrática, el Partido Acción Nacional (el llamado partido de oposición con mayor fuerza en el país) y el Partido del Trabajo, durante la LVI Legislatura.
Tal iniciativa, reglamentaria de los artículos 6 º y 7º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y derogatoria de la Ley de Imprenta, vigente desde 1917, fue turnada para su revisión y análisis a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sin ser dictaminada ni votada por el pleno de la Cámara de Diputados, dicha iniciativa pasó a calidad de proyecto a la LVII Legislatura, donde se encuentra en análisis para la elaboración de un nuevo anteproyecto de dictamen.
Esta iniciativa, argumentan los miembros de la comisión, fue el resultado de un arduo y amplio proceso de consulta entre ciudadanos, investigadores, académicos, periodistas y directivos de medios de comunicación, quienes en conjunto participaron en foros públicos que tuvieron por objeto crear un documento que permitiera su más profundo análisis por parte de la Cámara de Diputados, la sociedad misma y los grupos interesados en la materia, tanto de empresarios como de periodistas.
El proceso de revisión y análisis de la iniciativa de ley de Comunicación Social aún continúa. La Subcomisión Revisora ha efectuado una serie de modificaciones substanciales al proyecto original, modificando hasta la fecha la mayoría de los artículos, eliminando otros, adicionando y mejorando conceptos para evitar ambigüedades, así como ha intervenido en la estructura de los capítulos para introducir algunos nuevos.
Todavía no existe un anteproyecto de dictamen, aseguraron algunos diputados de la actual Legislatura y que lo que ellos pretenden no es coartar la libertad de expresión sino crear una legislación que garantice y proteja los derechos de todos los actores del proceso de comunicación, y esencialmente, de los derechos de los ciudadanos, destinatarios finales de la comunicación y por lo regular los más afectados de la inexistencia de reglas en la materia.
La Comisión de Radio, Televisión y Cine ha informado a la opinión pública que no ha existido, ni existirá, algún intento por coartar las libertades de expresión y de información, sino al contrario, de establecer reglas transparentes para que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizarlas, junto con el derecho a la información pública.
De acuerdo al diputado Javier Corral Jurado, la normatividad de las libertades de expresión e información y del derecho a la información cuenta en México con el respaldo del marco internacional establecido por la Organización de Naciones Unidos y la Organización de Estados Americanos, por lo que cualquier propuesta que se desarrolló deberá contemplar lo que ya es norma mexicana y debe ser aludida en los considerando de la normatividad.
El estado tiene la facultad de tutelar las necesidades sociales que garanticen la satisfacción de una situación de carácter general, que la sociedad se mantenga informada con todas las implicaciones del concepto.
De acuerdo al diputado Corral Jurado, no legislar no sólo constituye un incumplimiento jurídico sino una irresponsabilidad social que los poderes constituidos deben valorar, antes de tomar la decisión, de establecer o no, reglas claras para el debido ejercicio de los derechos constitucionales de las libertades de expresión e información y del derecho a la información. Otro de los temas torales es transparentar las reglas de la relación Estado - medios.
Sergio Sarmiento, connotado periodista y comentarista de televisión, manifiesta que los medios de comunicación han adquirido una importancia creciente en la vida pública de nuestro país. Por una parte se han independizado significativamente ante la censura gubernamental. Pero también se han hecho dependientes de nuevos tipos de presión y han adquirido nuevas agendas propias políticas, económicas y empresariales.
Más importante, quizá, es el hecho de que los medios mexicanos se han vuelto impunes. Desde cierto punto de vista hay más libertad en nuestros medios de comunicación que en los Estados Unidos, Canadá o la Gran Bretaña. Pero la razón no es algo que pueda enorgullecernos. En México se puede difamar o calumniar a cualquiera sin temor a sufrir repercusiones legales. En otros países el riesgo de una demanda judicial refrena la difusión de información calumniosa o difamante.
Aun en países con sólida tradición liberal, como la Gran Bretaña, este tipo de instituciones gubernamentales han sido utilizadas como instrumento de censura. Están ahí como ejemplo los intentos del gobierno británico para censurar la cobertura sobre el Ejército Republicano Irlandés (ERI). La experiencia histórica mexicana hace virtualmente imposible pensar que una institución estatal de supervisión no caería en la tentación de la censura.
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